EL COLAPSO actual en las Oficinas de extranjería, que se venía arrastrando desde antes del estado de alarma, no ha hecho sino más bien agravarse tras las medidas sanitarias adoptadas por el Ministerio del Interior como consecuencia de la pandemia Covid diecinueve, debido a la imposibilidad de atención presencial y la acumulación de carga de trabajo que todo ello ha supuesto.
Las protestas de los inmigrantes y de los profesionales que los representan, se han aumentado debido a la flagrante vulneración de sus derechos fundamentales, en la medida en que no han podido acceder a una cita anterior para poder realizar los trámites de extranjería proclives a regular su situación en España.
A tenor de ello, tras las protestas incesantes, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha mandado una recomendación al Ministerio del Interior a fin de que, con carácter urgente, facilite a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita previa para pedir protección internacional y realizar diversos trámites de extranjería en dependencias policiales.
En opinión del Defensor del Pueblo, las medidas materiales y de recursos humanos adoptadas hasta ahora para mitigar esta situación siguen siendo deficientes para dar respuesta a una demanda creciente de solicitudes de asilo y de trámites relacionados con el régimen general de extranjería que también se efectúan en dependencias policiales, tales como la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, autorizaciones de regreso, cartas de invitación, etc.
Las protestas por las demoras excesivas para lograr una cita anterior no constituyen una novedad para dicha Corporación, que lleva tiempo advirtiendo sobre los problemas y dificultades a los que se enfrentan los ciudadanos extranjeros por esta razón, habiendo dictado numerosas resoluciones a este respecto.
Así, ya en diciembre de 2018, el Defensor dirigió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un recordatorio de deberes legales a fin de que se entregase un resguardo válido acreditativo de la cita asignada, al tener perseverancia de que numerosos ciudadanos pasaban días y noches a la intemperie para lograr una cita para poder solicitar protección internacional, que después se daba sin resguardo acreditativo y para un año después.
Tras ser rechazada esta resolución, el Defensor decidió elevarla al Ministerio del Interior, al unísono que trasladaba a dicho departamento su preocupación por otra serie de carencias relacionadas con el procedimiento.
En este sentido, a la Corporación le preocupa singularmente -y así se lo ha transmitido al Ministerio del Interior- que se garantice el derecho que asiste a los demandantes de protección internacional de realizar la entrevista en una dependencia adecuada y que el funcionario que la lleve a cabo tenga la formación necesaria.
Por todo ello, y como refleja el Informe Anual dos mil diecinueve, el Defensor solicitó que se examinase con urgencia la colaboración de la Policía Nacional para afrontar la gestión de las solicitudes de asilo, en lo que se refiere a la asignación de citas previas, la realización de entrevistas de asilo y la expedición de documentación, encontrándonos a data de el día de hoy con un trámite más afianzado y más garante con los derechos del extranjero, procediendo a proporcionar al ciudadano extranjero de una documentación identificativa en el momento que manifiesta la voluntad de solicitar el asilo y con validez hasta el día de la cita asignada, dónde se empezará la tramitación del expediente de protección internacional.
No obstante, seguimos con la demora en las asignaciones de la cita para iniciar el trámite, lo que conlleva una limitación en los derechos de los ciudadanos extranjeros, como un retraso excesivo en la resolución de las solicitudes.
Para el Defensor del Pueblo, el papel de la Policía Nacional ha resultado indispensable para abordar el fuerte incremento de solicitudes en un plazo cortísimo de tiempo, pero esa colaboración que se propuso como algo puntual se está prolongando en el tiempo, provocando esenciales disfunciones en el sistema.
Por todo ello, a data de el día de hoy, todas las partes implicadas debiesen aunar esfuerzos para solventar la problemática planteada, trabajando para ir en la dirección adecuada, facilitando una mayor accesibilidad en los trámites de extranjería, tanto a los ciudadanos extranjeros como a los profesionales que, en definitiva, son los garantes de sus derechos y en quienes los ciudadanos extranjeros depositan su confianza, demandando a su vez por parte de estos una conducta profesional íntegra, honrada, fiel y diligente. cita previa extranjeria almeria
David Barrachina Gil es miembro de Junta de Gobierno del Ilustre Instituto de Abogados de Castellón y Presidente de la Sección de Extranjería
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